
El Derecho Inmobiliario en nuestro ámbito geográfico cobra una especial relevancia.
La Costa del Sol es un destino vacacional estrella para muchísimos extranjeros desde los años 60 y, por supuesto, un destino importantísimo de turismo nacional, que ha generado que el sector servicios sea el principal motor de la provincia de Málaga. Buscando empleo o buscando una mayor calidad de vida, se ha producido un incremento poblacional enorme, tanto en población censada como volátil, lo que ha supuesto un boom inmobiliario sin precedentes.
Se ha construido, en muchas ocasiones, rápido y de forma deficiente. Se ha vendido, a veces, a unos precios desorbitados. Esta pérdida de calidad en la oferta inmobiliaria, sin la protección adecuada de los derechos de los ciudadanos por parte de muchos de los organismos públicos, generó una crisis económica y de confianza, que aún los profesionales del sector tratamos de corregir.
Una de las principales consecuencias de la crisis fue la toma de consciencia por parte del inversor medio, de que los bienes adquiridos no cumplían con las garantías urbanísticas pertinentes. Cualquier observador medio habría dado por hecho que tendrían que haberse cumplido dichas garantías por el mero hecho de estar los bienes en venta en el mercado. Ello supuso la ruina de muchos de ellos cuando quisieron poner en venta sus inmuebles en plena crisis, porque a pesar de que bajaran los precios de sus inmuebles, no los podían vender. Antes de la crisis, la alta demanda y la subida de precios hacía que muchas de las personas que compraban, presionados muchas veces por los agentes inmobiliarios, no tomaran el tiempo suficiente para estudiar el producto que estaban comprando mediante un especialista abogado inmobiliario.
La presión inmobiliaria ha generado complejas e innumerables situaciones que hacen imprescindible el servicio de especialistas en la materia, para que el particular no vea mermados sus intereses y derechos tanto en la compra como en la venta de propiedades en la Costa del Sol.
Las irregularidades urbanísticas frecuentes y la falta de escrúpulos de algunos partícipes en las transacciones inmobiliarias, unidas al desconocimiento de la situación real por parte de los particulares y más aún, si se trataba de personas que desconocían nuestro idioma y normativa, creyéndose amparados por la ley comunitaria y los estándares europeos sin que ello fuese así, hacía y sigue haciendo más que aconsejable requerir los servicios de un abogado inmobiliario.
El Derecho Inmobiliario abarca un amplio espectro de materias: compraventa de inmuebles, Derecho Hipotecario, Propiedad Horizontal o Comunidades de Propietarios, Derecho Registral, Urbanístico, Administrativo, Tributario, contratos de arrendamientos, Derecho Societario, Internacional Privado, Sucesiones y Donaciones, Gestión de Patrimonios, etc.
La problemática que abarca el Derecho Inmobiliario es muy extensa e implica el conocimiento e interconexión de muchas materias muy diferentes entre sí para encontrar una solución ajustada al caso particular de nuestro cliente.
Se trata de un área sujeta a constantes cambios legislativos. A veces el exceso de producción legislativa genera inseguridad jurídica más aún cuando hay leyes con un articulado contradictorio, son incompletas o cuando no se aplican las Directivas Europeas. Por todo ello, el profesional está constantemente actualizando sus conocimientos para el mayor amparo de su cliente.
La adquisición de una propiedad inmobiliaria es para muchos la mayor inversión que realizarán en su vida. El pago de la misma puede suponer muchos años de sacrificio y ahorro. Por éste y por otros tantos motivos, la tranquilidad y seguridad a la hora de comprar o vender un inmueble, ya sea para uso personal o comercial, resultan imprescindibles.
Especial mención requiere la interconexión en entre el Derecho Inmobiliario y el Derecho Urbanístico, que se engloba dentro del Derecho Administrativo, y que regula, entre otras cosas, la Ordenación del Territorio, los usos del suelo, la ejecución urbanizadora sobre el terreno a través de planos, así como la acción edificatoria directamente conectada con las garantías al consumidor o destinatario último de los inmuebles finalizados cuando se compran directamente del promotor. Se hace evidente por tanto, la interdisciplinariedad del Urbanismo en sus vertientes tanto jurídica como técnica.

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